¡Prisión para torturadores y criminales del régimen militar!

Una vez más Luiz Inácio muestra la esencia de su oportunismo al sellar un nuevo pacto con los sectores más reaccionarios de la sociedad brasileña, principalmente con los genocidas y torturadores que gestionaron el Estado brasileño a partir de 1964.

El episodio en torno del 3º Plan Nacional de Derechos Humanos, aclamado como la redención total por los partidos oportunistas y revisionistas, como PT y PCdoB, y por movimientos corporativizados por el Estado reveló un otro desdoblamiento de la estrategia electoral del actual gerente de turno.

Después de la divulgación del decreto a finales del año pasado se sucedieron una serie de declaraciones que defendieron y atacaron el Plan, en una supuesta riña palaciana envolviendo casi todos los ministerios. Paulo Vanuchi dijo que renunciaría si el Plan fuera alterado, Nelson Jobim declaró no aceptar el texto como estaba, etc. Todo eso hasta Luiz Inácio regresar de sus vacaciones y, olímpica y magnánimamente, resolver la situación, acomodando a todos y posando de poderoso.

El punto principal de la "controversia" estaba localizado en el capítulo que trataba de los crímenes de guerra cometidos por los militares durante el régimen militar fascista que secuestró, prendió, torturó y asesinó miles de demócratas, patriotas y revolucionarios brasileños. El 3º PNDH prevé la constitución de una "Comisión de la Verdad y Conciliación" que en el texto original se proponía a investigar "violaciones de los derechos humanos en el contexto de la represión política". Generalidad cómo esta fue suficiente para los gritos de la reacción que, encabezada por Nelson Jobim, ocupó los monopolios de la comunicación por más de una semana. Llovieron artículos acusando el gobierno de "revanchista" (una alusión a los "vencidos de ayer", proclamados "vencedores de hoy"), etc. El texto corregido determina que tal comisión irá "a examinar las violaciones a los derechos humanos practicadas en el periodo fijado en el artículo 8º del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT) a fin de tornar efectivo el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional", lo que contempla las reivindicaciones de los militares, que exigen que se investigue y criminalice (de nuevo) las acciones de los grupos armados y revolucionarios contra el Estado gestionado por ellos.

Tal "corrección de rumbo" no es más que una maniobra, una vez que el propio Plan no pasaba de una carta de intenciones del gobierno para mejor posicionarse ante algunos sectores de los "movimientos sociales" que reivindican la investigación de los crímenes cometidos por los militares. Fingiéndose de presionado por ambos lados, Luiz Inácio puede decir que intentó agradar a todos, no agradando a nadie.

Pero se engaña quién cree que él no agradó aún a nadie, porque en año electoral y con una candidata egresada de los grupos que contestaron con las armas el régimen militar, un nuevo pacto con los militares y la extrema derecha, lo libraría de un bombardeo mediático que podría hacer naufragar su proyecto de continuidad. La tarea es difícil, ya que Dilma ni de lejos posee la habilidad y el perfil popular de su tutor.

Además, tal pacto es sólo la renovación de otro, más antiguo, que aseguró la elección de Luiz Inácio en 2002. En contrapartida, el obrero modelo del FMI se comprometió a no ordenar la apertura de los archivos de la gestión militar fascista, no emprender esfuerzos serios de búsqueda por desaparecidos y, sobre todo, no revelar la matanza practicada contra los guerrilleros del Araguaia. Durante la gestión del PT-FMI los militares y demás miembros de los órganos de represión continuaron circulando con toda libertad en todas las esferas del Estado, determinando políticas en el área de la "defensa", manteniendo intacto el aparato represivo, de espionaje y la Ley de Seguridad Nacional, que sigue encarcelando luchadores del pueblo hasta hoy y destruyendo los archivos de la represión.

De la forma más descarada posible, promotores y financiadores de la represión política, torturadores y criminales de guerra confesos siguen haciendo declaraciones, manteniendo páginas en internet, escribiendo columnas en la prensa y libros exaltando sus crímenes cometidos en defensa de un Estado fascista y genocida, además de usar todo este material en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas.

La libertad de estos infames es tamaña, que se juzgan con el derecho de reivindicar indemnizaciones y títulos de héroes, como premios, a los torturadores y criminales de guerra de aquel periodo.

Otra gran mentira es levantar la bandera de que en la "Comisión de la Verdad y Conciliación" la verdad se hará presente. Tales comisiones, en realidad son una determinación del imperialismo para dar una característica de concertación a los países salidos de regímenes militares, se concluyen siempre sin presentar la verdad y conciliando los renegados con sus antiguos verdugos. ¿Acaso no conocen los ilustres defensores de tal idea las experiencias llevadas a cabo en Chile y en el Perú?

En este último, el informe de la comisión apuntó como verdad que 70 % de los más de 70 mil muertos y desaparecidos entre los años de 1980 y 2000 — periodo de la Guerra Popular dirigida por el Partido Comunista del Perú, PCP, que corresponde desde su inicio hasta el fin del régimen de Alberto Fujimori — eran de responsabilidad del PCP. Lo interesante de esa "verdad" es que, a pesar de oficialmente estar decretada la derrota completa de la guerrilla ella es la responsable por la inmensa mayoría de muertos y desaparecidos y los 30% restante atribuido a las genocidas fuerzas del Estado — especialmente el Ejército Peruano — abarca únicamente los episodios donde la autoría de los militares era de tal forma patente que era imposible refutar. Así, establecida la verdad de clase, de la grande burguesía, de los latifundistas y del imperialismo, que las víctimas descansen en sus túmulos, está hecha la conciliación.

Pero la cuestión más horrenda no es la de que los promotores de tal "comisión de la verdad" ingenuamente tuvieran la ilusión de que, por fuerza de un decreto — por más conciliador con los crímenes del régimen militar que fuera — el viejo Estado brasileño investigara sus propios crímenes. No, es peor, se trata de un segundo acuerdo de traición que corrija las ambigüedades del primero, la Ley de Amnistía. Y hecho de la forma más sucia posible, o sea, escenificando para engañar incautos. Primero se propone investigar y punir los responsables por la represión política y torturadores para inmediatamente, en razón de los gritos de la reacción, fingir no ceder nada y enseguida demostrar satisfacción por haberse llegado a un acuerdo. Una vez más traición, perfidia.

Y es claro que si la gestión de Luiz Inácio tuviera cualquier objetivo, por mínimo que fuese, de esclarecer los crímenes del régimen militar fascista, aún con toda su acción comprometedora hasta entonces, no iría a proponer eso en el medio de un "Plan de Derechos Humanos" lleno de cuestiones polémicas y controversas.

Es hora de levantarse un gran movimiento popular por la apertura de los archivos que aún existen de la gestión militar fascista, por la búsqueda de los restos mortales de los desaparecidos políticos, por la identificación de los torturadores y sus crímenes y consecuente punición ejemplar. De cualquier forma, crean, llegará el día en que todo el pueblo, no sólo los familiares de los muertos y desaparecidos, se vengará de sus verdugos. ¡Que ellos teman la justa ira de las masas!

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