Porto Agrario es un pequeño pueblo, tierra de negros descendientes de esclavos e indios, situado en las márgenes de los Ríos Carinhanha y San Francisco, aún en tierras mineras, muy próximo al estado de la Bahia. Norte de Minas Gerais. Allá están las tierras que un día pertenecieron al emprendedor João Agrario, hacendero antiguo en la región y que después de su muerte, fueron vendidas al latifundista y ex-gobernador de la Bahia Nilo Coelho, que pasando por cima de la historia y de la legalidad, extendió su latifundio más allá de 80 mil hectáreas, exprimiendo los campesinos en un local cautivo de semi esclavitud.

En abril de 2004, el latifundista Nilo Coelho movilizó una operación de guerra para intentar expulsar los campesinos del área y apoderarse de todas aquellas tierras. No obtuvo éxito en este intento debido a combatividad de los campesinos de la región y su combativa organización, la Liga de los Campesinos Pobres. El valiente campamento Trevo resistía  una nueva tentativa de desocupación violenta por más de 300 policías militares.

Pues justamente en el Trevo el Corte Popular organizado por los campesinos entregó la anhelada tierra a los compañeros, que ya se mudaron para sus lotes.

El comunicado del Comité de Defensa de la Revolución Agraria – CDRA conmemora:

"Fueron 15.280 hectáreas de tierra, medidos y cortados, son más de 3.500 hectáreas de reserva ambiental, centenas de hectáreas de área colectiva, 50 hectáreas fueron donadas para el pueblo de Vila de Porto Agrario, varias líneas, 8 manzanas y 200 lotes."

La Revolución Agraria, que crece y florece en todo el país, animando miles de campesinos en la lucha y convocando todos los pobres del campo, entrega tierra a los campesinos.

El CDRA irradia el llamado y refuerza: "Compañeras y compañeros, la lucha comenzó, son 300 hectáreas para plantío preparadas. ¡Vamos a producir y defender con uñas y dientes nuestras conquistas!"

Dirección del MST de Paraná actúa como mafia y expulsa familias de la tierra

Campesinos denuncian colaboración entre la dirección estadual del MST en Paraná y el Incra para expulsar nueve familias de campesinos del asentamiento Antônio Tavares, antigua Hacienda Mitacoré, en el municipio de São Miguel do Iguaçu-PR. Las familias denuncian práctica mafiosa de los dirigentes del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, que desvía recursos destinados al asentamiento y persigue todos aquellos que discuerdan de su orientación.

Arte publicada em panfleto do Comitê de Apoio

El grupo de nueve familias que ocupaba hace más de 10 años las tierras de la antigua Hacienda Mitacoré, fueron expulsas por dirigentes del MST. El Comité de Apoyo a la Lucha de los Campesinos de Mitacoré denunció que seis familias fueron retiradas brutalmente de sus lotes por los propios coordinadores del movimiento que actuaron como policías en acciones de desalojo, utilizando de violencia física, inclusive con armas de fuego. Una de las familias fue obligada a cambiar de asentamiento, y otras dos, hoy, viven en periferias de las ciudades.

Cosa de policía política

Los campesinos relataron que el embuste utilizado por la dirección del MST para intentar justificar la expulsión de las familias fue acusarlas de implicación con drogas. Sin embargo, en nota, el Comité de apoyo a los campesinos esclarece que: "ninguna droga fue encontrada con cualquiera de las personas de esas familias." Fueron encontradas drogas en la mata del lago de Itaipu, que hace divisa con el asentamiento, y algunos miembros de la dirección del MST aprovecharon la situación para acusarlas y expulsarlas.

Aún en nota el Comité de Apoyo a la Lucha de los Campesinos de la Mitacoré protesta contra la expulsión afirmando que:

"Estas familias, expulsas del MST, tenían divergencias en la forma con que la coordinación del movimiento venía organizando la lucha. Lo que detonó el conflicto fue cuando 33 familias, entre ellas las nueve expulsas, entraron con una denuncia en el Ministerio Público Federal que consistía en un pedido de investigación sobre presupuesto liberado por el Ministerio de las Ciudades y del Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) con la finalidad de construir habitación para los asentados.

Estas familias afirman que el valor total liberado para cada una de ellas, a través de la Caja Económica Federal, (R$ 7.422,31) no concuerda con lo que ellos recibieron, y que el material de construcción constante en las notas tenía un precio muy superior al de mercado, lo que indica sobreprecio. Cabe resaltar que en ningún momento estas familias apuntaron culpables, sólo pidieron esclarecimientos al Ministerio Público."

Una ayuda del Incra

La nota del Comité añade:

"Después de ser expulsas, en octubre de 2007, seis familias entraron en la justicia exigiendo el derecho de retornar para sus lotes, ya que poseen contratos con el Incra (ese contrato es temporal y después de 10 años el asentado recibe la posesión definitiva de la tierra). En septiembre de 2008, la justicia expidió decisiones garantizando el retorno de dos de las familias expulsas del asentamiento. En diciembre otra decisión fue expedida dando derecho a otra familia de retornar a su lote.

A pesar de las decisiones judiciales, hasta el momento ninguna de ellas fue ejecutada. El Incra, alegando evitar el conflicto, propone que las familias expulsas vayan para otros asentamientos comience todo de nuevo y olvidar los 10 años que vivieron y construyeron sus vidas en el asentamiento. Tal propuesta sirve para demostrar el arreglo existente entre el Incra, y la coordinación del MST.

Todo respeto a los luchadores que están en la base del MST y que enfrentan el día a día de las batallas contra el latifundio. Nuestra indignación y nuestro repudio a los coordinadores del MST, pues ellos implantaron una dictadura en el asentamiento Antônio Tavares, actuando como el latifundio y persiguiendo los campesinos que se rebelan contra sus arbitrariedades."

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