Traducido por Enrique F. Chiappa

Cuatrocientos soldados de tropas regulares y especiales de la Policía Militar del Estado de Pará, comprendiendo Tropa de Choque, Comando de Misiones Especiales (CME), Poposseiros del sur ylicía Civil, Policía Rodoviária Federal y Ejército, 40 vehículos, cuatro helicópteros y un avión. Prisiones de campesinos, mujeres y niños, tortura y amenazas de muerte. Esta es la descripción de la situación actual del sur de Pará, más precisamente, en el área de más de 20 mil hectáreas adonde en 22 de setiembre último, campesinos pobres tomaron la Hacienda Forkilla. Una verdadera operación de guerra ordenada por la gobernadora Ana Julia Carepa (PT) que resultó en la detención de centenas de campesinos y persecución de liderazgos populares.

En la madrugada del lunes 19 de noviembre, los campesinos fueron sorprendidos en sus barracas por una verdadera operación de guerra. Muchas familias todavía dormían cuando las tropas del Ejército bloquearon la estrada BR-158, entre Redención y Santa Maria de las Barreras, en el sur de Pará y los efectivos de la Policía Militar, Civil y Rodoviaria, Ejército, fuertemente armados, de forma truculenta invadieron el área de la Hacienda Forkilla.

La operación, que fue cínicamente denominada por el gobierno como “Paz en el Campo”, es la aplicación de la política de terror contra los pobres del campo fomentada por el Estado burgués-latifundista en Pará. Las barracas de los campesinos fueron invadidas, sus ocupantes agredidos con sopapos en el rostro, culatazos de escopeta en el pecho y después desalojados a empujones, insultados y amenazados con armas grueso calibre apuntadas para sus cabezas.

Más de 200 campesinos fueron brutalmente agredidos y presos, colocados en una siniestra fila india y conducidos para un descampado, donde fueron mantenidos bajo la guardia de soldados armados con fusiles, escopetas y ametralladoras. Basta observar las fotos para concluir que se trataba de trabajadores, campesinos, gente simple de la región que, cansada de esperar por el cumplimiento de las promesas del gobierno, decidieron conquistar con sus propias manos el sagrado derecho a la tierra.

Falta de respeto y humillación; agredidos ante sus hijos, una escena indignante. Imposible no recordar la historia de Canudos, mil veces difamada por las tropas y portavoces de la semifeudalidad, adonde gente simple y brava impuso fragorosas derrotas a las tropas asesinas del Ejército de la antigua república, tratados como bandidos, fanáticos, del mismo modo agredidos y humillados.

Mandantes, portavoces y ejecutores

La operación de guerra contra el pueblo pobre de Pará fue precedida por una campaña histérica y calumniosa promovida por el monopolio de la imprenta. Particularmente en los editoriales y artículos del diario Folha de San Pablo y la revista Veja, tradicionales voceros de las proclamaciones de los grupos de poder desde los gorilas del régimen militar hasta la super-reaccionaria UDR, los latifundistas hicieron transbordar todo su odio y temor de las luchas de las masas campesinas. Una serie de artículos atacó y acusó sin ni siquiera una prueba.

El latifundio de Pará enviaba un recado claro a la gobernadora Ana Julia Carepa (PT), cuya gerencia reprimía insuficientemente al pueblo de Pará para asegurar su tranquilidad. Bastó la primera serie de artículos corruptos encomendados ser publicados, para que la gobernadora diese la orden de ejecución de la “operación paz en el campo”.

Aplicando fielmente la máxima fascista de repetir una mentira 100 veces pretendiendo que ella se venga a tornar verdad, el latifundio y sus compinches tratan de imputar a la lucha por la tierra el sello de acto criminal. Este artificio no es mérito de los servicios de seguridad y represión nacionales. Los más viejos y reaccionarios manuales de represión de las clases dominantes ya apuntaban que para lanzar la opinión pública contra los luchadores del pueblo, se debía primero descaracterizarlo, difamarlo, criminalizarlo para después desatar la más feroz represión.

Armas de guerra de los latifundios

Manipulando las informaciones, las publicaciones encomendadas por el latifundio continúan tratando a los campesinos y posseiros* del sur de Pará como “bandidos” y “bandoleros”. Después de la operación policial contra los campesinos en la Hacienda Forkilla, fue noticiada la aprehensión de un arsenal de armas pesadas (fusiles FAL, M-16, y Ruger, pistolas automáticas, y escopetas) encontrado en la Hacienda Estrela de Maceió, de la familia de P.C. Farias (ex tesorero de Collor), adonde terratenientes entrenaban matones (llamados por la imprenta de ‘guardias contratados’) , mas toda la conexión con este hecho, inclusive la foto del arsenal, fue colocada en la materia que hablaba de la Liga de los Campesinos Pobres y de la operación “paz en el campo”.

NAP acusa “Tropa de elite” del latifundio

Cuando se enteraron de lo ocurrido, representantes del Núcleo de los Abogados de Pueblo organizados en una comisión, se dirigieron hacia el sur de Pará con el objetivo de investigar las agresiones contra campesinos y dar apoyo jurídico a los detenidos.

Los abogados tomaron declaraciones que vinieron bajo la forma de desahogos indignantes y denuncias contundentes de las torturas aplicadas contra adultos, ancianos y niños. La comisión de abogados fue acompañada personalmente por el Ouvidor Agrario Nacional, Gercino José da Silva Fillo, de un representante regional de la Defensoría Pública y de varios miembros del INCRA-SR-27 (Marabá), entre ellos el representante oficial de la superintendencia regional de aquel órgano.

Después de esta primera misión de investigación y solidaridad a los campesinos, una nueva comisión de abogados retornó al sur de Pará, esta vez yendo a Redención y Concepción de Araguaya. Los abogados del NAP consiguieron visitar a los 22 campesinos que continúan presos y constatar todas las denuncias de torturas, malos tratos, humillaciones y toda clase de abusos practicados por los integrantes de la operación contra aquellas familias de trabajadores. El Núcleo de Abogados del Pueblo publicó informes sobre las atrocidades cometidas contra el pueblo pobre del sur de Pará. En el artículo siguiente “Detalles de la acción represiva...” reproducimos algunos trechos de estos informes.

Recompensa por cabezas

120 mil reales. Los relatos de varios campesinos recogidos por nuestro corresponsal, dicen que este fue el precio fijado por los latifundistas para que sus matones eliminen los dirigentes de la Liga de los Campesinos Pobres. Entre estos está el compañero Luis Lopes, histórico liderazgo campesino de la región y uno de los coordinadores de la LCP (lea entrevista con él en esta edición). Lo que fue obtenido del pueblo pobre, por medio de la violencia, torturas, persecuciones y tormento para millares de familias, se transformó en una subasta macabra, adonde latifundistas dan pujas altas para tratar de eliminar la organización combativa de los campesinos de Pará.

Poco más de un año atrás, la Liga de los Campesinos Pobres realizó su congreso de fundación en el Estado de Pará y abrió una modesta sede en la ciudad de Concepción de Araguaya. Los campesinos organizados en la Liga realizaron durante todo el año decenas de manifestaciones públicas, paseatas, repartición de panfletos y encuentros.

A través de su trabajo serio y persistente, la Liga adquirió la confianza y respeto de los campesinos pobres de la región. Sus actividades y reuniones realizadas son abiertas y públicas, pues corresponden a los intereses de la gigantesca masa de los campesinos pobres que lucha contra el latifundio y contra todo tipo de crímenes practicados por el Estado.

La movilización para la retomada de la Forkilla, principalmente en Redención, fue intensa (vea AND 38 — La lucha campesina se hace oír) y contó con la participación y apoyo de innumeras organizaciones, sindicatos democráticos de toda la región.

Mas, el odio de los latifundistas el temor de la organización de los campesinos pobres, y contra la LCP está bien explicado en el último manifiesto distribuido por la Liga después de la operación de terror en el campo:

“Lo que el latifundio no acepta es la independencia de la Liga de los Campesinos Pobres. Ellos no se conforman de que no seamos una organización del esquema del gobierno, que dependa y sobreviva de dinero público y que por esto pudiese ser chantajeada y controlada.

Los millares de familias que sueñan y luchan por un pedazo de tierra ya distinguen quien es quien en la lucha contra el latifundio. Separan los combativos de los oportunistas y bandidos.”

Bandidos esclavistas

Mientras el pueblo pobre de Pará es albo de persecuciones y todo tipo de violencia por parte del Estado, los campesinos permanecen detenidos, los bandidos esclavistas, los latifundistas y torturadores permanecen en libertad y cometiendo otra serie de crímenes.

Después de la campaña de persecuciones y la operación militar en la Forkilla, surgieron en la ciudad de Redención decenas de outdoors encomendados por latifundistas, agradeciendo a la gobernadora Ana Julia Carepa (PT) por la acción violenta contra los campesinos pobres.

La gobernadora Ana Lúcia Carepa, al contrario de lo que blandían los órganos del monopolio de la imprenta antes de la operación militar en la Forkilla, gobierna para el latifundio y para la gran burguesía. Su campaña marchó remolcada por el populismo de Luiz Inacio y la aplicación de sus políticas de “bolsa-limosna” junto a la población pobre del interior del país, que garantizó su victoria electoral sobre el desgastado PSDB después de 12 años de gerencia en el gobierno del estado.

Mas ella también contó con un importante aliado: el diputado federal Jader Barbalho (PMDB), que además de poseer un estrecho vínculo con los asuntos de la “seguridad pública” del Estado de Pará, es un legítimo representante del latifundio de la región, un auténtico señor feudal, con un extenso prontuario en la justicia por desvío de dinero público, y diversas veces denunciado por beneficiar latifundistas correligionarios que cometían crímenes de explotación de trabajo esclavo.

Defendiendo su legado, la Gobernadora Ana Julia, ordenó la acción militar en la Hacienda Forkilla, cuyas tierras eran reivindicadas como propiedad, y tomadas por el esclavista Jairo Andrade, fundador de la criminal y reaccionaria UDR (Unión Democrática Ruralista).

Jairo Andrade participó de la trama de la muerte del abogado y ex diputado estadual Paulo Fonteles, ejecutado en 17 de junio de 1987, por su lucha en defensa de los posseiros del sur y sudeste de Pará. Decenas de veces denunciado por la práctica de trabajo esclavo, fue uno de los grandes responsables por el derrumbe de la floresta en la región para transformarla en grandes pastos para la cría de ganado.

La operación militar contra los campesinos pobres de Pará, la mayor después de la represión a la Guerrilla de Araguaya, no tenía como objetivo ni siquiera cumplir la orden de reintegrar la posesión. Mismo así, caso tuviese este fin, ella sería conducida por la Vara de Conflictos Agrarios. Esta operación de guerra fue realizada para cumplir “mandatos de búsqueda y aprehensión”.

Irónicamente, exactamente en el mismo día en que ordenó la operación militar en la hacienda Forquilla, la gobernadora invistió una “Comisión de Erradicación del trabajo esclavo”.